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Actualmente se redacta su Reglamento:

Organizaciones de la sociedad civil entregan medidas efectivas para la fiscalización de la ley de Inclusión laboral

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  • Las OSC esperan que el reglamento refleje el espíritu de la ley, en cuanto a que se convierta en una herramienta efectiva de inclusión.
  • Asimismo, piden al Estado que promueva la inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad, que es requisito para la contratación en esta Ley y que en la Región Metropolitana alcanza sólo un 8% del total de la población en situación de discapacidad.

 La Red Incluye, es una asociación multisectorial abierta y voluntaria de organizaciones públicas y privadas de la Región Metropolitana, que tiene como principal propósito promover el desempeño del rol productivo de las personas en situación de discapacidad, bajo la perspectiva de derecho como una estrategia de equiparación de oportunidades e inclusión social y laboral de las personas en situación de discapacidad.

Tiene como misión ser una red intersectorial de organizaciones e instituciones con experiencia en  inclusión  social de personas en situación de discapacidad, que busca la optimización en el uso de sus recursos, desarrollando acciones coordinadas en favor de la igualdad de oportunidades para el desempeño del rol productivo, bajo la perspectiva de derecho.

En el trabajo que realiza como red de instituciones, Red Incluye desarrolla múltiples acciones de trabajo conjunto y colaborativo. Entre estas acciones comparten oportunidades de trabajo dentro de la región, optimizando el uso de las oportunidades que entregan las empresas que abren posibilidades para los distintos colectivos con los que trabajamos.

Mensualmente, aquellas organizaciones que han firmado el acuerdo de participación con la Red Incluye, asisten a reuniones técnicas para construir diversos lineamientos de trabajo y coordinar el funcionamiento en red de nuestras instituciones.

Dentro de las líneas de acción, Red Incluye desarrolla acciones para fortalecer el rol de las personas en situación de discapacidad como sujetos de derecho en el acceso al trabajo  y en este contexto  nos permitimos invitarles como organización a ser parte de nuestras reuniones mensuales, pues consideramos de vital importancia rescatar sus impresiones, reflexiones, inquietudes, ideas y enriquecer de esta forma nuestras discusiones, como protagonistas  en el ejercicio de su derecho.

El Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, representado por la Asistente Social Carmen Jorquera, forma parte de la Red Incluye y, por esta razón, es que se quiere adherir a la declaración que la Red realiza en relación a la Ley de Inclusión Laboral.

                En el marco de la nueva Ley de Inclusión Laboral, más de 250 organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS) y a la Red Incluye se manifestaron preocupadas por el reglamento que regirá la normativa. Es clave que se promueva de manera efectiva el empleo de personas en situación de discapacidad, incentivando su cumplimiento y no la aplicación de medidas alternativas.

                Actualmente, el reglamento que hará posible la implementación de esta normativa se encuentra en proceso de elaboración por parte del Ministerio del Trabajo. Asimismo, los Ministerios de Hacienda y de Desarrollo Social participan en la redacción del documento, el cual será puesto en consulta pública próximamente, para recibir los aportes de la sociedad civil.

                Nicole Romo, directora de Políticas Públicas de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, explicó que “estamos en un momento clave de desarrollo del reglamento, por lo que esperamos que la autoridad considere la perspectiva de la sociedad civil organizada respecto de 10 puntos que consideramos relevantes de incluir en el documento”. Romo recordó además que la ley promulgada a principios de junio establece la reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad en organismos públicos y privados con 100 o más trabajadores.

                Por su parte, el director de Red Incluye, Alberto Vargas, señaló que “la sociedad civil y las organizaciones involucradas en promover la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad queremos ser un aporte y hemos dado ejemplo con propuestas concretas en la tramitación de la ley y ahora en la construcción de su reglamento. Esperamos que la consulta ciudadana sea un mecanismo real de participación”

                Algunos de los puntos que las organizaciones establecen como relevantes de considerar son: que se eliminen las barreras existentes en el sector público para postular a los empleos, como el requisito mínimo de octavo básico, ya que actualmente las “escuelas especiales” no poseen equivalencia con los estudios tradicionales; en el mismo ámbito, la propuesta pide que la condición de compatibilidad de salud para los procesos de selección del Estado no guarde relación con la condición de discapacidad del postulante.

                Otra área de relevancia es la necesidad de incorporar procesos de intermediación laboral para asegurar que las personas idóneas accedan a determinados puestos de trabajo. Asimismo, consideran que el Estado se debe encargar de promover la obtención del Registro Nacional de la Discapacidad (RND), ya que una vez que entre en vigor la Ley –en diciembre de este año- será un requisito obligatorio para la contratación. Actualmente sólo el 8% de la Región Metropolitana lo posee.

                Según las últimas cifras entregadas por el Servicio Nacional de la Discapacidad, el 20% de la población general adulta mayor de 18 años posee algún tipo de discapacidad y sólo un 39,3% de estas personas se encuentran en la categoría ocupado.

 

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