La Superintendencia de Salud instruyó que este concepto se aplique íntegramente antes de abril del 2026. Las reuniones informativas estarán dirigidas a personas usuarias, familiares y al personal médico.

Con la primera reunión con personas usuarias, familiares y representantes de la sociedad civil, se dio el vamos al proceso de puesta en marcha del proceso de “voluntades anticipadas”, consagrado en la Ley 21.331, del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental.

Esta ley, que busca reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con discapacidad psíquica o enfermedad mental, hace el reconocimiento explícito de las voluntades anticipadas, que, básicamente, permiten a una persona establecer sus preferencias de tratamiento psiquiátrico futuro, en caso de no poder decidir por sí misma debido a una crisis, designando un representante, especificando alternativas terapéuticas deseadas y rechazadas y en general, sus preferencias en caso de hospitalización, disposiciones que deben guiar el actuar de los equipos de salud, un proceso clave para reforzar el respeto a los derechos del paciente y proteger así su autonomía.

Según explica Carolina Carvajal, Jefa de Asesoría Jurídica y Coordinadora de Derechos Humanos del Instituto Psiquiátrico “Dr. José Horwitz Barak”, la ley se promulgó hace casi 6 años y “hoy la Superintendencia de Salud, nos exige implementarla, de aquí a dos meses y si bien existen algunas orientaciones básicas del Ministerio de Salud, hay que aterrizarlas a nuestra realidad”.

Para ello, este jueves 12 de febrero, se realizó la primera reunión que convocó a actores relevantes, como representantes de las personas usuarias, de miembros de organizaciones comunitarias y de familiares, del Consejo Consultivo de Usuarios del Horwitz y a la jefa de participación ciudadana del establecimiento, convocadas por Carolina Carvajal, para “en esta primera etapa, escuchar a las agrupaciones y a los usuarios y mediando un diálogo,  vamos tomando nota de sus necesidades y expectativas en este sentido”, explica la abogada.

La idea, explica Carvajal, es tener 2 o 3 reuniones con la sociedad civil, para “informar los contenidos mínimos que exige la ley y además detectar barreras y facilitadores. Pero, además, luego habrá que realizar este ejercicio de información  y capacitación con el personal clínico (médicos y equipos multidisciplinarios) tanto respecto de quienes se desempeñan en atención ambulatoria para que puedan orientar en la redacción de las voluntades anticipadas, como a los restantes en la implementación de estas”.

“Las voluntades anticipadas, reflejan un cambio de paradigma en salud mental:  pasamos de una dinámica paternalista al respeto por la autonomía en la toma de decisiones del usuario y usuaria. Así, las y los pacientes, expresan anticipadamente sus preferencias respecto de determinadas intervenciones y cuidados, las que se utilizarán luego cuando vean deteriorados o derechamente pierdan su capacidad mental para tomar decisiones”, asegura Carolina Carvajal.

En esta primera etapa, comenta, “vamos a trabajar con las y los usuarios, para que no lo sorprenda el cambio normativo y sepan qué son las voluntades anticipadas. Entonces por eso, resulta fundamental el diálogo con las comunidades. Tanto como con los equipos de salud internos”, planteó la abogada del Horwitz.

Con todo este trabajo, analiza Carolina Carvajal, pretendemos integrar no solo a la comunidad que trabaja directamente en el Instituto, sino que, a futuro, también a los usuarios y equipos de los COSAM del área norte. De esta forma se irá difundiendo esta labor a otros centros asistenciales de todo el país.

“Quedé con la impresión de que, quienes fueron convocados, tienen una muy buena disposición a participar y aportar también en otros temas como la asistencia espiritual, los horarios de visitas y otras cosas”, comentó la también coordinadora de Derechos Humanos del Horwitz.

Finalmente, Carolina Carvajal, expresó que como resultado de este trabajo “esperamos tener pacientes más informados y personal funcionario más respetuoso de la libertad de decisión y en general, de los derechos de las personas que tienen una enfermedad mental. Por eso, hay que orientar y apoyar”.

Las reuniones informativas, continuarán durante las semanas venideras y ya está programado un conversatorio para el próximo jueves 19 de febrero, también en el Instituto Psiquiátrico.